Comisión Esp. de Previsión Social y Asuntos Laborales
Jubilados y legisladores analizaron
el proyecto de ley nacional sobre la movilidad jubilatoria
Los diputados que integran la comisión especial de Previsión Social y Asuntos Laborales, presidida por Eduardo Ramos (PJ), conjuntamente con la senadora nacional Sonia Escudero (PJ) se reunieron esta mañana con más de 35 representantes de entidades de jubilados de nuestra provincia: Red Sol, Asociación de Jubilados de Salta, Federación de Jubilados y Pensionados de Salta, entre otras.
Durante el encuentro la senadora nacional Sonia Escudero expuso sobre el proyecto de ley sobre la movilidad jubilatoria que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Al iniciar su alocución, Escudero especificó que los objetivos en conflicto son la garantía constitucional de los haberes móviles a fin de mantener nivel de vida digno; y la necesidad de sustentabilidad fiscal y financiera de un sistema de reparto con cada vez más beneficiarios y menos aportantes.
Movilidad actual
La legisladora explicó acerca del sistema de movilidad actual y manifestó que hoy rige la Ley de Solidaridad Previsional, aprobada en 1995, que derogó la movilidad automática de las jubilaciones y el ajuste de los haberes en función de los salarios. En relación a los ajustes de los haberes, sostuvo que se ajustan en un porcentaje que decide el Gobierno por decreto o por el Congreso, al discutir la ley de Presupuesto. Otro dato expresado por la legisladora fue que en 2008 se dispusieron dos aumentos: en marzo y en julio, cada uno del 7,5%; y no descartó que hacia fin de año se puedan otorgar recomposiciones adicionales por el índice de inflación que existe en nuestro país.
Respecto a la evolución de los salarios, Escudero indicó que la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones ronda entre el 30 y 35% y que el “nuevo proyecto de ley de movilidad jubilatoria no resuelve esta cuestión”. La legisladora agregó, además, que “los jubilados que realizaron sus reclamos judicialmente van a cobrar la movilidad, en tanto que aquellos que no reclamaron no podrán cobrar su movilidad”; y remarcó que esta es una cuestión que la nueva ley tampoco resuelve
Movilidad impulsada por la nueva ley
En relación al proyecto de ley en tratamiento en el Congreso de la Nación, la senadora Escudero manifestó que la movilidad impulsada por el Gobierno Nacional restaura una protección legal “que estuvo pisoteada”; y arranca con un pasivo a cuestas como son los miles de reclamos judiciales de los jubilados, entre otros ítems.
La senadora nacional explicó que la movilidad comprenderá a 5.600.000 jubilados y pensionados, incluyendo a las pensiones no contributivas que se ajustan con las jubilaciones estatales; asimismo, dijo que se simplifica el cálculo de la PBU, se elimina también el aumento de 1% por cada año de antigüedad; y se prevé el ajuste de las jubilaciones dos veces por año, de acuerdo a un índice combinado que tomará la evolución del Índice General de Salarios y la recaudación impositiva que va a la Seguridad Social a partir de enero de 2009.
Sobre la actualización de las jubilaciones, Escudero informó que se prevé realizar anualmente dos actualizaciones, la primera tomará como base la evolución de los salarios e ingresos entre julio y diciembre de 2008; y que si la nueva ley es aprobada por el Congreso entraría a regir en enero de 2009. También indicó que se prevé que el régimen previsional estatal siga teniendo superávit y que ese saldo positivo pasará a formar parte del Fondo de Sustentabilidad del Régimen Público, a fin de asegurar la solvencia del sistema a mediano y largo plazo.
La senadora también hizo referencia acerca de algunas cuestiones no resueltas en este proyecto de ley, informó que la movilidad regirá también para el componente público de las jubilaciones privadas, pero no para la parte que está a cargo de las AFJP o de las compañías de seguros. Indicó, además, que el proyecto ignora el efecto retroalimentador del índice de movilidad sobre el ciclo de la economía y las finanzas públicas; y que en ningún caso se permite que el aumento de haberes supere más del 3% al de los recursos previsionales.
Jubilados presentes
La presidenta de Red Sol María Elena Jiménez manifestó que la movilidad tiene que ser un beneficio a los jubilados de acuerdo a lo que dice la Corte de Justicia y a la jurisprudencia que existe y que “pareciera que esta ley no nos está acercando a lo que es justo”. También puso a disposición un trabajo de 16 puntos en los que se analiza la situación de los jubilados, destacando la necesidad de que se generen las leyes necesarias para la protección del adulto mayor y la exigencia de que el Estado Nacional respete los principios constitucionales. Jiménez consideró que de aprobarse el proyecto del PEN se producirán miles de juicios por inconstitucionalidad y dijo que “este proyecto tiene un sentido asistencialista y electoralista, sin variables positivas para los jubilados”. Finalmente hizo público el reclamo por la falta de compromiso y presencia de los otros legisladores nacionales sobre este tema.
Por su parte, el titular de la Federación de Jubilados y Pensionados Juan Felipe Palacios reafirmó que si bien existen avances en torno al conflicto de los jubilados, “aún seguimos sin resolver nuestro mayor problema que es nuestro haber y movilidad”. Asimismo, presentó un análisis basado en tres dimensiones: jurídica, económica y social. Respecto a la primera, señalaron que son sujetos de derechos pero que en cuanto a lo económico son considerados como objetos del mercado; en tanto, que respecto a lo social el Estado Nacional ha desatendido totalmente sus necesidades.
En tanto, el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Provincia, Aldo García, solicitó que se incorporen a representantes del sector en las distintas comisiones del Congreso Nacional para la discusión de este proyecto. Además, manifestó el rechazo a los índices propuesto por el Ejecutivo Nacional por considerar que fueron realizados por organismos del Estado que carecen de la necesaria confiabilidad.
Diputados
La diputada Patricia Poblete (PO) señaló que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Nacional “parte de una movilidad mentirosa y licuada y que los aumentos que se realicen a los jubilados serán desactualizados en 2009 y que siempre tendrán 6 meses de desactualización”. Poblete sostuvo que la postura de su partido es lograr la restitución del 82% móvil para todos los jubilados.
Por su parte, la diputada Virginia Cornejo (PPS) manifestó que en la próxima sesión pondrá a consideración del cuerpo un proyecto de declaración por el cual se solicitará que la Fiscalía de Estado analice la posibilidad de que la provincia inicie juicio a la Nación, reclamando el cumplimiento del convenio de transferencia de la Caja en cuanto se ha incumplido la obligación de reconocimiento de la movilidad tal como surge del fallo del juicio Badaro.
Finalmente, el diputado Manuel Santiago Godoy (PJ) informó que propondrá que la comisión de Previsión Social y Asuntos laborales sea una comisión permanente en la Cámara de Diputados.
Asistieron a la reunión los diputados Eduardo Ramos (PJ), Fani Ceballos (PRS), Virginia Cornejo (PPS), Juan Maita (NBJ), Luisa Salva (PJ), Patricia Poblete (PO), Domingo Juárez (PJ) y Santiago Godoy (PJ). 35 representantes de las entidades que agrupan a jubilados de Salta, entre ellas: Red Sol, Asocoación de Jubilados y Pnsionados de la Provincia de Salta, Federación de Jubilados y Pensionados de Salta.
Los diputados que integran la comisión especial de Previsión Social y Asuntos Laborales, presidida por Eduardo Ramos (PJ), conjuntamente con la senadora nacional Sonia Escudero (PJ) se reunieron esta mañana con más de 35 representantes de entidades de jubilados de nuestra provincia: Red Sol, Asociación de Jubilados de Salta, Federación de Jubilados y Pensionados de Salta, entre otras.
Durante el encuentro la senadora nacional Sonia Escudero expuso sobre el proyecto de ley sobre la movilidad jubilatoria que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Al iniciar su alocución, Escudero especificó que los objetivos en conflicto son la garantía constitucional de los haberes móviles a fin de mantener nivel de vida digno; y la necesidad de sustentabilidad fiscal y financiera de un sistema de reparto con cada vez más beneficiarios y menos aportantes.
Movilidad actual
La legisladora explicó acerca del sistema de movilidad actual y manifestó que hoy rige la Ley de Solidaridad Previsional, aprobada en 1995, que derogó la movilidad automática de las jubilaciones y el ajuste de los haberes en función de los salarios. En relación a los ajustes de los haberes, sostuvo que se ajustan en un porcentaje que decide el Gobierno por decreto o por el Congreso, al discutir la ley de Presupuesto. Otro dato expresado por la legisladora fue que en 2008 se dispusieron dos aumentos: en marzo y en julio, cada uno del 7,5%; y no descartó que hacia fin de año se puedan otorgar recomposiciones adicionales por el índice de inflación que existe en nuestro país.
Respecto a la evolución de los salarios, Escudero indicó que la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones ronda entre el 30 y 35% y que el “nuevo proyecto de ley de movilidad jubilatoria no resuelve esta cuestión”. La legisladora agregó, además, que “los jubilados que realizaron sus reclamos judicialmente van a cobrar la movilidad, en tanto que aquellos que no reclamaron no podrán cobrar su movilidad”; y remarcó que esta es una cuestión que la nueva ley tampoco resuelve
Movilidad impulsada por la nueva ley
En relación al proyecto de ley en tratamiento en el Congreso de la Nación, la senadora Escudero manifestó que la movilidad impulsada por el Gobierno Nacional restaura una protección legal “que estuvo pisoteada”; y arranca con un pasivo a cuestas como son los miles de reclamos judiciales de los jubilados, entre otros ítems.
La senadora nacional explicó que la movilidad comprenderá a 5.600.000 jubilados y pensionados, incluyendo a las pensiones no contributivas que se ajustan con las jubilaciones estatales; asimismo, dijo que se simplifica el cálculo de la PBU, se elimina también el aumento de 1% por cada año de antigüedad; y se prevé el ajuste de las jubilaciones dos veces por año, de acuerdo a un índice combinado que tomará la evolución del Índice General de Salarios y la recaudación impositiva que va a la Seguridad Social a partir de enero de 2009.
Sobre la actualización de las jubilaciones, Escudero informó que se prevé realizar anualmente dos actualizaciones, la primera tomará como base la evolución de los salarios e ingresos entre julio y diciembre de 2008; y que si la nueva ley es aprobada por el Congreso entraría a regir en enero de 2009. También indicó que se prevé que el régimen previsional estatal siga teniendo superávit y que ese saldo positivo pasará a formar parte del Fondo de Sustentabilidad del Régimen Público, a fin de asegurar la solvencia del sistema a mediano y largo plazo.
La senadora también hizo referencia acerca de algunas cuestiones no resueltas en este proyecto de ley, informó que la movilidad regirá también para el componente público de las jubilaciones privadas, pero no para la parte que está a cargo de las AFJP o de las compañías de seguros. Indicó, además, que el proyecto ignora el efecto retroalimentador del índice de movilidad sobre el ciclo de la economía y las finanzas públicas; y que en ningún caso se permite que el aumento de haberes supere más del 3% al de los recursos previsionales.
Jubilados presentes
La presidenta de Red Sol María Elena Jiménez manifestó que la movilidad tiene que ser un beneficio a los jubilados de acuerdo a lo que dice la Corte de Justicia y a la jurisprudencia que existe y que “pareciera que esta ley no nos está acercando a lo que es justo”. También puso a disposición un trabajo de 16 puntos en los que se analiza la situación de los jubilados, destacando la necesidad de que se generen las leyes necesarias para la protección del adulto mayor y la exigencia de que el Estado Nacional respete los principios constitucionales. Jiménez consideró que de aprobarse el proyecto del PEN se producirán miles de juicios por inconstitucionalidad y dijo que “este proyecto tiene un sentido asistencialista y electoralista, sin variables positivas para los jubilados”. Finalmente hizo público el reclamo por la falta de compromiso y presencia de los otros legisladores nacionales sobre este tema.
Por su parte, el titular de la Federación de Jubilados y Pensionados Juan Felipe Palacios reafirmó que si bien existen avances en torno al conflicto de los jubilados, “aún seguimos sin resolver nuestro mayor problema que es nuestro haber y movilidad”. Asimismo, presentó un análisis basado en tres dimensiones: jurídica, económica y social. Respecto a la primera, señalaron que son sujetos de derechos pero que en cuanto a lo económico son considerados como objetos del mercado; en tanto, que respecto a lo social el Estado Nacional ha desatendido totalmente sus necesidades.
En tanto, el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Provincia, Aldo García, solicitó que se incorporen a representantes del sector en las distintas comisiones del Congreso Nacional para la discusión de este proyecto. Además, manifestó el rechazo a los índices propuesto por el Ejecutivo Nacional por considerar que fueron realizados por organismos del Estado que carecen de la necesaria confiabilidad.
Diputados
La diputada Patricia Poblete (PO) señaló que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Nacional “parte de una movilidad mentirosa y licuada y que los aumentos que se realicen a los jubilados serán desactualizados en 2009 y que siempre tendrán 6 meses de desactualización”. Poblete sostuvo que la postura de su partido es lograr la restitución del 82% móvil para todos los jubilados.
Por su parte, la diputada Virginia Cornejo (PPS) manifestó que en la próxima sesión pondrá a consideración del cuerpo un proyecto de declaración por el cual se solicitará que la Fiscalía de Estado analice la posibilidad de que la provincia inicie juicio a la Nación, reclamando el cumplimiento del convenio de transferencia de la Caja en cuanto se ha incumplido la obligación de reconocimiento de la movilidad tal como surge del fallo del juicio Badaro.
Finalmente, el diputado Manuel Santiago Godoy (PJ) informó que propondrá que la comisión de Previsión Social y Asuntos laborales sea una comisión permanente en la Cámara de Diputados.
Asistieron a la reunión los diputados Eduardo Ramos (PJ), Fani Ceballos (PRS), Virginia Cornejo (PPS), Juan Maita (NBJ), Luisa Salva (PJ), Patricia Poblete (PO), Domingo Juárez (PJ) y Santiago Godoy (PJ). 35 representantes de las entidades que agrupan a jubilados de Salta, entre ellas: Red Sol, Asocoación de Jubilados y Pnsionados de la Provincia de Salta, Federación de Jubilados y Pensionados de Salta.
posted by Prensa Cámara Diputados Salta at 8/25/2008 01:13:00 p. m.
<< Home